A primera vista, la normalidad parece haber regresado al centro de El Cairo. La ciudad vuelve a sufrir sus legendarios problemas de tráfico, y han desaparecido los tanques y retenes militaras que hace apenas unas semanas dominaban cada una de ¡as esquinas sensibles, si bien continúan desplegados en el extrarradio. Los arrestos de activistas -que el pasado marzo sufrieron una ola de detenciones, torturas y juicios sumarísimos por oponerse al Gobierno militar-parecen haber cesado, aunque muchos de ellos continúan en prisión. Pero, poco a poco, el proceso político .parece estar avanzando hacia una transición civil.
Juicio a miembros del régimen
Con la sentencia contra el ex ministro del interior Habib El Adü -quien el 5 de mayo fue condenado a 12 de años de prisión por corrupción y blanqueo de dinero-, se ha abierto la veda de los juicios contra elementos del régimen del derrocado presidente Hosni Mubarak. El Adü encarna, más que cualquier otro, ¡a terrible represión de la dictadura, al haber estado a cargo no sólo de la temida Amn Dawla (Seguridad del Estado, el órgano encargado de eliminar la disidencia interna) sino también de la corrupta policía. Por este motivo tiene también pendiente, entre otros, un nuevo juicio por su responsabilidad por la muerte de los 846 manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad durante la revolución. La familia Mubarak tampoco se libra de la acción judicial. El propio Hosni Mubarak podría ser condenado a muerte si se de-muestra que ordenó disparar contra los manifestantes de la plaza Tahrir. Tanto sus hijos Gamal y Alaa, como su esposa, Suzanne, están acusados de corrupción, junto con un puñado de altos cargos gubernamentales y empresarios cercanos a los Mubarak. Los expertos calculan que más de la mitad del dinero robado por la familia y enviado ilegalmente a Suiza será imposible de recuperar.
Por su parte, el gabinete del nuevo primer ministro Essain Sharaf-que es aceptado por los manifestantes de Tahrir como un hombre honesto que mucho antes de la revolución ya había creado un movimiento contra la corrupción gubernamental- está tomando medidas muy audaces, sobre todo, en política exterior. Para empezar, ha anunciado un cambio de política respecto a la organización Palestina Hamás, a quien el Gobierno de Mubarak, siguiendo instrucciones estadounidenses, intentaba aislar. Y se espera que la frontera con la Franja de Gaza sea abierta de forma permanente en las próximas semanas. Más valiente, incluso, es la cancelación del polémico acuerdo de venta de hidrocarburos a Israel, según el cual Egipto suministraba el gas egipcio al país vecino un 70 % por debajo de su precio de mercado. De ser cierta la información publicada por la prensa egipcia, Gamaf Mubarak se habría llevado una comisión de unos 800 millones de euros por facilitar dicho acuerdo. Pese a todo ello, el período posrevolucionario tiene sus propios problemas. La economía egipcia ha sufrido pérdidas por valor cié 11.000 millones de dólares desde el inicio de las protestas el pasado 25 de enero. El desempleo crece, y con ello la conflictividad social. Muchos egipcios han salido a la calle a ganarse la vida como vendedores ambulantes, lo que genera numerosas tensiones con los comerciantes que pagan un local,
El peso de los militares
Además, el Gobierno interino supervisado por los militares ha lanzado una ley que penaliza a aquellos que participen en protestas que interrumpan la actividad económica o impliquen violencia, lo que, según Amnistía Internacional, podría utilizarse no sólo para criminalizar a los activistas políticos, sino también las reivindicaciones obreras en lugares como el cinturón textil del Delta del Nilo.
El ejército tampoco ha levantado la Ley de Emergencia estableada por Mubarak a su llegada al poder, a pesar de las promesas llevadas a cabo en este sentido. Y son muchos los que critican la imposibilidad de exigirle responsabilidades a los militares. ¿Hacia dónde se dirige Egipto, entonces? Las elecciones parlamentarias, previstas para e! próximo mes de septiembre, empezarán a dar respuestas a esla pregunta.
UN CONGRESO POPULAR PARA PROTEGER LA LEY EGIPCIA
El 7 de mayo tuvo lugar un gran Congreso Popular para Proteger la Revolución, en el que participaron todas las fuerzas de oposición, con la excepción de los Hermanos Musulmanes. £1 congreso eligió a 60 representantes cuyo cometido será trabajar con las autoridades para diseñar una hoja de ruta para el proceso político. La Hermandad Musulmana, no
obstante, rechazó la invitación a participar en esta reunión, dada su probada autosuficiencia. El grupo (la fuerza política mejor organizada y con mayor militancia de base del país) ha creado su propio partido político: Partido de la Libertad y la Justicia, si bien se ha cuidado mucho de afirmar que éste es civil y no religioso. La organización ya demostró su poder
en la celebración del referéndum sobre la reforma constitucional el 17 de marzo, donde obtuvo un 70 % de los votos. El propósito de la organización es evitar el establecimiento de una constitución secular, como reclaman algunos grupos de oposición. Ahora, el artículo 2 establece que los asuntos de familia son regulados por la 'sharía' (la ley islámica).
Fuente: diagonal, numero 150, 2011